ROTURAS DE OLEODUCTO PETROLERO ¿NUEVO METODO DE PRESION?. A propósito de la controversia petrolera en la amazonia.
“Los ingresos procedentes del petróleo han conseguido que en México seamos perezosos.”
Vicente Fox Quesada, expresidente mexicano.
Por: Edgar Valdivia Isuiza
México, es uno de los países gigantes petroleros que ocupa el 5º lugar en producción en el mundo, referencia que otorga credibilidad a las reflexiones que emiten sus gobernantes y ciudadanos sobre los controvertidos escenarios, que ha generado la explotación y la gran dependencia de la economía nacional de los ingresos comerciales del oro negro.
Al mes de mayo del 2019 los reportes de PERUPETRO anotan una producción diaria de 56,575 barriles[1], nivel de producción que nos ubica en el puesto 58 en inversiones petroleras a nivel mundial, siendo nuestro consumo diario promedio de 250 mil barriles, déficit que involucra un egreso al país de más de 3 mil millones de dólares por adquisición de petrolero en el mercado internacional para cubrir la demanda nacional[2].
Las actuales reservas probadas de petróleo en el Perú ascienden a 10 mil millones de barriles de petróleo, con lo cual se podría producir 190 mil barriles por día[3].
Sin embargo, pese a cifras reveladoras sobre la actual situación de la producción petrolera en el Perú, en los últimos dos gobiernos (Humala, PPK-Vizcarra) el tema se ha complicado de la peor manera, tanto así que en dichos periodos de gobierno muchas empresas transnacionales con interés en la inversión en exploración petrolífera se han retirado del país, por el excesivo burocratismo y la tediosa tramitología en el proceso de contratación, lo que ha creado un disloque en la cobertura de la reserva energética nacional. Dicho contexto ha contribuido a un menor interés de la inversión internacional en la riesgosa y difícil actividad petrolera.
Por otro lado, el descomunal ruido político creado por el gobierno humaliento en el sentido que la petrolera peruana PETROPERU S.A. asuma las riendas del lote 192 y otros lotes conexos al final de la concesión de la argentina PLUSPETROL, se agrega a la sumatoria de decisiones que empantanan cada vez la actividad petrolera peruana, toda vez que PETROPERU –según expertos de primera línea- requiere una profunda reingeniería empresarial en todo nivel de su estructura, para que nuevamente apueste con eficacia y eficiencia por la exploración y la explotación de hidrocarburos.
En el mismo sentido, la empresa PETROPERU S.A. esta embobada en la modernización de la refinería de Talara, cuya construcción implica el astronómico costo de 7 mil millones de dólares para una refinación promedio de 95 mil barriles de petróleo, que todavía no producimos y que tenemos que importar en plazos indeterminados, lo que amarrado al país en el cumplimiento de dicho leonino contrato.
A todo esto se suma el ducto de más 800 Km que transporta el petróleo amazónico hasta la región Piura, que se encuentra bajo el control de PETROPERU S.A., cuyo costo de transporte del oro negro asciende a 11 dólares, que según comparativos duplica el costo de similares servicios en Ecuador y Colombia. Dicho ducto desde el 2014 a la fecha ha sufrido 45 fugas en su estructura principal y ramales, que han generado un elevadísimo costo de S/.691 millones de soles, que se cargan al bolsillo de todos los peruanos.
Dichas fugas en versión de la empresa PETROPERU S.A. en su mayor porcentaje obedecen a acciones de sabotaje o daños de terceros, siendo mínimo lo que corresponde a mantenimiento o imprevistos operativos, lo que indica que el Estado no tiene condiciones objetivas para garantizar la solvencia y seguridad de sus áreas estratégicas como corresponde al Oleoducto Norperuano (ONP).
En la certidumbre que más del 70% de las fugas o roturas del ONP sean consecuencia de sabotajes o acción delincuencial de terceros, el Estado Peruano expresa una vez más, una punible incapacidad para administrar los conflictos y las contingencias sociales circundantes a la actividad petrolífera, pésima gestión que se viene afianzando en los últimos dos periodos gubernamentales (Humala, PPK-Vizcarra) sin que se avizore un horizonte favorable que ponga atajo a esta nueva tipología de presiones que perjudica terriblemente a decenas de miles de trabajadores que directa o indirectamente dependen de este importante rubro, así como de instituciones del Estado Peruano afincados en la zona de producción que reciben asignaciones por fuente del canon petrolero (Gobiernos Regionales y Municipalidades de Loreto, Ucayali, Piura y Tumbes; Universidades Publicas, Instituto de Investigaciones de la Amazonia y productores agropecuarios). En el mismo contexto, algunos sectores extremistas y maximalistas que se posicionan detrás de los reclamos de comunidades y organizaciones nativas hacen uso de todos los instrumentos de agitación para oponerse a cualesquier acuerdo si es que este no incluye transferencias dinerarias, mientras tanto el derrame petrolero indetenible e irreversiblemente contamina tierras y fuentes de aguas, ante la mirada indiferente de las partes en conflicto. Reivindiquemos a las comunidades y organizaciones campesinas y nativas que se ubican en las áreas de exploración y explotación petrolera, deslindando sin medias tintas con quienes que como “dirigentes” o “asesores” medran y trafican sin escrúpulos con la extrema pobreza que les agobia ancestralmente.
En resumen, un tema que se vuelve más complejo en el día a día, si es que no hay voluntad reciproca de los sectores en conflicto para anclar Acuerdos viables y sostenibles en el tiempo, que concuerde con intereses de las partes y fundamentalmente de la mayoría del país, que exige más razones que enfrentamientos.
Hagamos de la inversión petrolera económica, social y ambientalmente responsable, una nueva oportunidad para todos los peruanos.