Perú, anecdotario ministerial: ¡Juzgue usted!

Por: Wilfredo Pérez Ruiz

Recientemente juramentó en el Palacio de Gobierno de Lima el cuarto gabinete ministerial presidido por el extitular de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Torres Vásquez. Esta peripecia me permite evocar pormenores, rotaciones, dimisiones e incidencias que comparto acerca de varios de los equipos ministeriales escogidos a partir de 1980.

El primer gabinete del segundo período de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) lo presidió Manuel Ulloa Elías; simultáneamente, ocupó la cartera de Economía durante dos años y cinco meses. Asimismo, cumplió una efímera permanencia en el Ministerio de Transportes y Comunicación, Eduardo Orrego Villacorta; un distinguido arquitecto y prestigioso afiliado de Acción Popular que renunció ese año para postular y ganar la alcaldía de Lima.

Uno de los primeros en apartarse fue José María de la Jara y Ureta (1981), en gesto plausible de un democrática y hombre probo. Víctor García Belaunde en su obra “Los ministros de Belaunde” (1988) dice: “Fiel a sus convicciones, coherente en todo, José María presentó su dimisión al cargo de ministro del Interior porque estaba convencido que tenía responsabilidad política en un episodio luctuoso en el Cusco”. Un dato curioso: en esa gestión solo manejó el portafolio de Vivienda y Construcción Javier Velarde Aspíllaga. No obstante, José Benavides Muñoz pasó por Educación, Economía y Energía y Minas.

Al llegar a la Casa de Pizarro Alan García Pérez (1985-1990), nombró primer ministro y ministro de Economía al segundo vicepresidente Luis Alva Castro. Estuvo hasta 1987 en que accedió a la presidencia de la Cámara de Diputados. En Vivienda y Construcción se desempeñó los cinco años Luis Bedoya Vélez; honorable ingeniero y respetado aprista.

El 28 de junio de 1987, por primera vez en la historia republicana, se incorporó dos mujeres en el gabinete dirigido por Guillermo Larco Cox (quien condujo, en sucesivos momentos, Relaciones Exteriores y la Presidencia): la excelsa doctora y aguda diputada Ilda Urizar de Arias (Salud) -integrante de la última promoción formada por Víctor Raúl Haya de la Torre- y Mercedes Cabanillas Bustamante (Educación). Por otro lado, Abel Salinas Izaguirre dirigió Interior, Economía y Energía y Minas.

Mención adicional merece un episodio suscitado en vísperas de concluir el quinquenio. Al producirse la fuga de 47 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, el ministro del Interior Agustín Mantilla Campos entregó su renuncia irrevocable; ésta no fue aceptada. Al enfrentar a la prensa, para explicar lo acontecido, aseveró: “Lo único irrevocable es mi vocación de servicio al Perú”.

Durante la administración de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) sorprendió a la opinión pública la designación de Javier Valle Riestra como presidente del Consejo de Ministros. Tuvo una fugaz presencia debido a los innumerables obstáculos que encontró, en las filas del propio régimen, para hacer realidad sus pretendidas reformas democráticas. Duró del 4 de junio al 21 de agosto de 1998.

Al llegar su tercer mandato nombró para encabezar el Consejo de Ministros y el despacho de Educación al exalcalde provincial y expresidente regional de Huancavelica, Federico Salas Guevara. Acompañó al dictador hasta su caída y en su libro “Incendiando la pradera – Los últimos 110 días del gobierno de Fujimori” (2001) describe las negociaciones sobre su sueldo; una parte debía pagarse en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Culminada la tiranía del cabecilla de Cambio 90 es elegido Alejandro Toledo Manrique (2001-2006). La ciudadanía recuerda lo acontecido con la investidura del infausto y gris Fernando Olivera Vega en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2005), quien renunció a los pocos días debido al trance originado por su inclusión en el cuerpo ministerial. Fue hábil la maniobra del premier Carlos Ferrero Costa: firmó el nombramiento, rehuyó acudir a su juramentación y a la vez presentó su remoción. Se desmoronó el gabinete.

En el segundo mandato de Alan García Pérez (2006-2011) su primer ministro Jorge Del Castillo Gálvez permaneció casi dos años y medio; el encargado de la Cancillería José García Belaunde se mantuvo durante su gobierno. En este período ocurrió un incidente inédito: el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Aurelio Pastor Valdivieso se negó a presentar la renuncia solicitada por el presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén debido a su participación en el indulto de José Crousillat López. Mediante una resolución suprema se anuló su nominación el 16 de marzo de 2010. Terminó despojado de su cargo un ministro sin integridad y decoro.

Ollanta Humala Tasso (2011-2016) enfrentó situaciones difíciles. Ana Jara Velásquez lideró el primer Consejo de Ministros censurado por el Parlamento Nacional desde el retorno de la democracia (1980) y, además, contó con una reducida vigencia: del 22 de julio de 2014 al 2 de abril de 2015. Mario Vargas Llosa le envió una carta de reconocimiento que decía: “…Estas líneas no son para darle el pésame, sino por el contrario, para felicitarla por haber recibido ese homenaje involuntario que le ha hecho el Congreso censurándola. Vi parte del debate y sentí vergüenza ajena escuchando los argumentos con que trataban de desprestigiarla”.

Del 2016 al 2018 Pedro Kuczynski Godard exhibió dos titulares del Consejo de Ministros: Fernando Zavala Lombardi (2016-2017) y Mercedes Aráoz Fernández (2017-2018). Sin embargo, enfrentó una ola de interpelaciones como consecuencia del comportamiento hostil de la mayoría parlamentaria proveniente de Fuerza Popular. Terminaron censurados los de Educación Jaime Saavedra Chanduví y Marilú Martens Cortés. La salida de esta última significó la de todo el gabinete debido a que el premier hizo “cuestión de confianza”. También, debió retirarse Alfredo Thorne Vetter de Economía al negársele la “cuestión de confianza” solicitada.

Por su parte, Martín Vizcarra Cornejo (2018-2020) ostentó cuatro presidentes del Consejo de Ministros: César Villanueva Arévalo, el autor del pedido de la vacancia presidencial; Salvador del Solar Labarthe (2019) el ejecutor de la demanda de “cuestión de confianza” que propició el cierre del Poder Legislativo; Vicente Zeballos Salinas (2019-2020); Pedro Cateriano Bellido (2020) -quien no obtuvo el voto de investidura congresal- y Walter Martos Ruiz (2020).

El fugaz régimen de Manuel Merino de Lama -del 10 al 15 de noviembre de 2020- designó a Ántero Flores Aráoz, recordado por no “saber nada del presidente, ni cuantos ministros estaban renunciando”, en las horas de mayores aprietos. Su actuación fue opaca, huérfana y eludió estar a la altura de la compleja situación vivida en el país. Por el contrario, los gobernantes de transición Valentín Paniagua Corazao (2000-2001) y Francisco Sagasti Hochhausler (2020-2021) contaron con gabinetes conducidos por peruanos de reconocida reputación y, al mismo tiempo, exhibieron impecable y eficiente desempeño: Javier Pérez de Cuellar y Violeta Bermúdez Valdivia, respectivamente.

Pedro Castillo Terrones (2021-2026) asignó el Consejo de Ministros al controvertido congresista Guillo Bellido Ugarte, a la deslucida extitular del Congreso de la República Mirtha Vásquez Chuquilin y al anodino parlamentario Héctor Valer Pinto. Este último se vio presionado a dimitir debido a las sólidas denuncias por violencia familiar; duró en funciones menos de una semana. Todo ello prueba el deplorable, penoso e irresponsable proceder de nuestro mandatario para convocar a personas carentes de mínimos perfiles profesionales y solvencia moral, ascendencia y representatividad.

En este incompleto recuento he considerado acaecimientos expresivos de un acontecer político siempre colmado de cuestionamientos, vivencias y comentarios en relación a los colaboradores del jefe de Estado que adoptan las más trascendentes determinaciones en la conducción de los destinos nacionales. Al escribir este texto, vienen a mi mente las palabras del académico clásico francés André Dacier: “La política sólo es digna de alabanza cuando es empleada por la justicia para obtener un fin honesto y laudable”.

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