Ley de salud mental
Por: Aquiles Contreras
En Perú las leyes se expiden al gusto del acervo popular. Produciéndose el incremento de penas al delito de feminicidio. Donde los medios de comunicación la han presentado como un atentado sistemático contra las mujeres. Una falacia.
Asimismo, políticas de “concientización” han acusado a la sociedad como los culpables de estas víctimas. Han sido las ONG, y algunos políticos en búsqueda de cosechar popularidad, los primeros en demandar penas más altas.
El incremento de penas al feminicidio con el objeto de disuadir un homicidio, que es realmente lo que es, puntualmente, ha fracasado.
Los homicidios se han incrementado y, según parece, así modifiquen las penas a cadena perpetua no disminuirán. Está comprobado que el incremento de penas, no disminuyen los delitos, por tanto es una solución estéril.
Sin perjuicio de ello el 23 de mayo del 2019, se publicó la Ley Nº 30947, Ley de salud mental, la cual tiene por objeto garantizar servicios, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad.
Lo más importante de esta Ley es que dispone que la prestación de salud por parte del Estado sea una prestación de política de salud pública, bajo un modelo de atención comunitaria, en respeto a los derechos humanos y dignidad de la persona.
Esta Ley fue una iniciativa del congresista Jorge del Castillo Gálvez, mediante el Proyecto de Ley Nº 3001/2017-CR, y suscrita por su bancada; la cual ahora forma parte de nuestro ordenamiento normativo. Por ello hoy la salud pública incluye la salud mental.
Esta Ley no ha tenido la debida publicidad que merece, puesto que es contraria a toda política mediata, superficial y que solo busca la popularidad como un medio para capitalizar intereses políticos y consultorías.
Esta Ley es fundamental contra la lucha del llamado “feminicidio”. Reconozcamos que somos una sociedad violenta con altos índices de estrés, con factores como el tráfico, la informalidad, la falta de trabajo, corrupción, delincuencia, entre otros que se suman a los dificultades de cada hogar, desde donde una persona mentalmente inestable es una bomba de tiempo a punto de estallar, lamentablemente, en su entorno más cercano.
La gran mayoría de casos de “feminicidios”, se han dado entre personas casadas, convivientes o personas con alguna relación en común; una adecuada atención en la salud mental y sobretodo una política de prevención de estos casos patológicos ayudarán, sin duda, a disminuir los actos de violencia y homicidios.
Sin embargo, la propuesta del Congresista no es una solución de corto plazo, como con el incremento de penas, sino que requiere de verdadera voluntad política y de ejecución por parte de las entidades del Estado, sobretodo del Ministerio de Salud y sus organismos descentralizados.
Esperemos en aras de vivir en una sociedad saludable mentalmente que la Ley de salud mental sea ejecutada, pues la misma salvará vidas; ya que las soluciones actuales solo han incrementado víctimas y encerrado personas, erosionando el núcleo de toda sociedad, la familia.