Importancia de las competencias municipales ante el SISFOH

Por: Eliana Hilasaca Montes

El confinamiento total para un país cuya tasa de informalidad económica sobrepasa el 70%, agrega a la lucha contra el COVID-19, factores socioeconómicos importantes a tener en cuenta para la estrategia de contingencia del virus.

En cifras reales aproximadamente 12,5 millones de compatriotas dependen de un ingreso informal. Entonces, nuestros enemigos en el campo de batalla son: el virus y el hambre. La decisión no es tan evidente como algunos creen, el “quedarse en casa” significa hacerle frente al COVID-19, pero ceder al hambre.

Ante este contexto, los bonos del gobierno permitirían sostener la resistencia al virus, pero fue esta realmente eficiente la distribución de bonos para familias vulnerables? Sabíamos que este primer bono beneficiaría a 3 millones familias clasificadas como “pobre extrema” o “pobre”. Entonces, ¿Quiénes serían los 3 millones de hogares dotados de un arma contra el hambre y la necesidad?

A estas alturas del partido, todos sabemos que el bono desprendió su data del SISFOH, sistema administrado por el MIDIS. Sistema que mediante el cruce de distintas variables recolectadas en campo, clasifica los hogares como “pobres”, “pobre extremos” o “no pobres”. Ahora, lo que muchos subestimamos es la importancia de los municipios en esta labor de levante de información para la clasificación socioeconómica de los hogares peruanos.

Los 1874 municipios del país tienen la competencia directa de la administración de las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE). Estas unidades operativas son las encargadas de realizar las visitas domiciliarias para recoger la información en campo sobre las variables que previa validación del ministerio, arrojan la clasificación socioeconómica del hogar.

Sin embargo a la fecha existen gobiernos locales que han desatendido esta competencia, desatención que sólo entenderían aquellos que siguen a la espera del empadronamiento por parte de sus municipalidades para acceder a algún programa social como Beca 18, Juntos, Pensión 65, entre otros. Esta situación es sobre todo visible en los municipios de distritos populosos, justamente ahí donde las políticas sociales enfrentan su verdadero reto de contrarrestar el fenómeno de la pobreza en el país. 

Me atrevo a decir que estas oficinas serían invisibilizadas por muchos gobiernos locales de no existir metas que cumplir ante el gobierno central. Esta crisis nos ha demostrado que muchos alcaldes dan de menos el trabajo realizado por sus ULEs. Como consecuencia directa tenemos una ineficiente articulación entre los diferentes niveles de gobierno en la lucha contra la pobreza.

En vano sirve mirar los errores cometidos sin desprender una lección, las ULEs tienen que dejar de representar simples indicadores numéricos por cumplir para los gobiernos locales. Necesitamos que estas oficinas tengan un rol proactivo de promoción al empadronamiento que permita al ciudadano que lo necesite acceder a los programas sociales del estado.

Una data sólida no solo nos permitirá generar una mejor y real articulación, sino que además nos permitirá conocer la estructura socioeconómica de nuestros distritos, identificando los bolsones de pobreza. La tarea del funcionario público, sobre a todo a nivel local, es ir más allá de las metas y cumplir con conectar las políticas nacionales de inclusión social con el barrio más alejado del distrito, salir e ir a buscar a esa población que ha perdido toda confianza en sus instituciones, a tal punto que ya se siente anticipadamente “no pobre” para el Estado y que piensa que esos beneficios son solo privilegios pocos “suertudos”.

 

 

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