Feminizar la política y los partidos políticos
Por: Marco Antonio Ramírez
El pasado 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, nos obligó no solo a reflexionar en las múltiples formas de acoso y violencia física, económica, sexual y emocional que a diario son víctimas millones de mujeres en el país, además de las series de desigualdades entre hombres y mujeres pendientes a resolver por el Estado Peruano; por ejemplo, en el acceso, ascenso y remuneración en el mercado laboral. El #8M también se convirtió en una nueva oportunidad para repensar y discutir el modelo de sociedad peruana y, por ende, el tipo de democracia que estamos construyendo, entendiendo este régimen como el mejor sistema de gobierno para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, en igualdad y sin ningún tipo de discriminación.
Los partidos políticos, como instituciones privadas con fines públicos, son elementos centrales de la democracia, y pilares fundamentales lograr representar a toda diversidad poblacional en los espacios políticos y de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional, como; por ejemplo, el Congreso de la República, donde las mujeres, a pesar de ser más del 50% del total de la población del Perú, ocupan solo el 28% de la cantidad total de parlamentarios, una situación parecida con los 25 Gobernadores Regionales del Perú, ninguno de ellos mujeres.
La masculinización de los espacios de poder, es en parte resultado de una serie dinámicas machistas al interior de las organizaciones políticas. La clara ausencia de Estatutos y Reglamentos internos que permitan la representación equitativa y alternada de las mujeres en todos los cargos de gobierno como Presidencias o Secretarías Generales, y no solo en las Secretarías de la Mujer (un espacio muchas veces dedicado a la sola celebración del día de la Madre), ha generado la perpetuación de hombres en la parte más alta de la pirámide de poder de los partidos políticos, con ello, en las candidaturas y los futuros cargos de elección popular. Todo esto bajo el obsoleto discurso de meritocracia, cuando – históricamente – los pisos y condiciones de desarrollo personal, académico, y profesional entre hombres y mujeres nunca han sido los mismos.
La obligación o generación de incentivos económicos a los partidos políticos para realizar reformas internas de paridad y alternancia en la ocupación de los cargos de gobierno, promoverían ampliamente una mayor incorporación de militantes mujeres a los partidos políticos, la continua capacitación a sus dirigentas para asumir los retos de ser posibles candidatas en las diferentes elecciones locales y nacionales, además de la inclusión de propuestas para la reducción de las desigualdades de género en sus idearios y planes de gobierno.
En ese sentido, la reforma pendiente del Sistema Electoral para lograr la ansiada Democracia Paritaria, no logrará ser sostenible si ésta no es acompañada de una verdadera reforma del Sistema de Partidos, que refunde las organizaciones políticas y derrumben sus columnas patriarcales del poder para establecer condiciones reales e igualitarias de participación y representación política de hombres y mujeres, a manera de que la no discriminación y el reconocimiento de los derechos de las mujeres se manifieste en la práctica, y no solo como parte de un discurso durante la campaña electoral.