Encuestas o ¡Qué dios nos ayude!

Por: Erick R. Vásquez Guevara

Cuando era adolescente esperaba ansiosamente las campañas presidenciales porque en los programas de televisión aparecían encuestas de quienes postulaban a ser nuestros máximos representantes. Entonces, mis familiares siempre se preguntaban por cierto candidato y decían “Ojalá suba en las encuestas” y en alguna u otra reunión, donde nos permitían asistir a los menores de la familia, se preguntaban entre ellos por quienes votarían en las próximas elecciones. Algunos sustentaban su decisión en las propuestas de su candidato y otros la fundamentaban en una frase casi irreflexiva: “Para que mi voto no se pierda”. Entonces, siempre me pregunté si las encuestas cumplían un verdadero objetivo democrático o si su función era dirigir el voto de los electores.

(Un momento crucial para los electores e importante para los candidatos presidenciales era cuando al cerrarse las urnas, las encuestas adelantaban los resultados y posicionaban a uno u otro candidato como ganador. Por supuesto, las empresas encuestadoras siempre advertían con la siguiente frase: “Conteo rápido”. Entonces, me preguntaba, ¿acaso no contaron ya los votos de sus encuestados? Personalmente, debo confesar, nunca he sido encuestado al salir de las urnas. Sea de una u otra manera, siempre quien resultaba ganador en aquella encuesta privada era el ganador oficial, salvo una extraña excepción durante la Rereelección del expresidente Alberto Fujimori. ¡Cómo olvidar aquella encuesta en resultaba ganador Alejandro Toledo y paulatinamente nuevamente aparecía como ganador Alberto Fujimori!)

No creo que el trabajo de las empresas encuestadoras sea malo; por el contrario, considero que son muy útiles para un conocimiento de la realidad nacional o de determinado sector social o empresarial. No obstante, en los últimos años -y me refiero también a los años de gobierno del expresidente Ollanta Humala- las encuestas parecen haberse banalizado porque preguntan sobre el personaje con mayor poder en el país, sobre si determinada decisión del Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Gabinete Ministerial o el Congreso es correcta. Considero que esta última práctica no es pertinente, porque se entiende que quienes son miembros de una entidad del Estado son especialistas en su materia y sus decisiones no pueden estar sometidas a la voluntad popular, que en su mayoría de casos desconoce las leyes. Una excepción son los congresistas, quienes para acceder a su cargo no tiene exigencia académica o profesional alguna, pero cuyos asesores, se entiende, sí conocen, por lo menos, las leyes.

Es cierto, por otra parte, que el pueblo tiene el derecho de manifestarse en contra de alguna ley que considere que menoscaba su dignidad y sus derechos fundamentales (¿Recuerdan la denominada “Ley Pulpín”?), empero ello es diferente a cuestionar las decisiones de magistrados (entiéndase jueces y fiscales), porque se quiera o no sus decisiones deben sustentarse en la ley. Si la ley está mal o no resulta popular, no es responsabilidad de la ciudadanía o de los magistrados, sino de la propia ley. No obstante, ello no debe ser examinado con termómetros o encuestas, porque vician el conocimiento de realidad real de la población, ya que los resultados de las encuestas se transmiten por televisión, diarios, revistas, páginas web y redes sociales.

Lamentablemente, ya no soy un adolescente porque el tiempo no se puede detener, pero ya no espero con ansiedad las encuestas, porque o bien las veo cada semana, o bien ya perdieron el encanto o el contacto con la realidad real. Creo conveniente recordar tristemente lo que alguna vez, el ministro de Economía y Finanzas fujimorista, Juan Carlos Hurtado Miller, dijo: ¡Qué Dios nos ayude!